«No habrá referéndum»: los otros 5 ‘noes’ de Sánchez al separatismo que se convirtieron en ‘síes’

«No habrá referéndum en Cataluña». Al menos tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez han negado que el Ejecutivo se plantee pactarlo con su socio ERC, tal y como ha anunciado Oriol Junqueras. Pero lo cierto es que incluso dentro del PSOE y también en el seno de los separatistas se toman casi a broma la negativa del Gobierno, al constatar que ya fueron muchas las líneas rojas que Sánchez se saltó para contentar a los independentistas catalanes y vascos. No habría indultos, no habría pactos con Bildu, no se aboliría la sedición, tampoco habría acercamientos de presos de ETA y Sánchez traería de vuelta a Puigdemont a España para ser juzgado. Y todo ha ocurrido al contrario.

El 4 de noviembre de 2019, en plena campaña electoral, Pedro Sánchez anuncia la intención de su Gobierno de tipificar como delito los referéndums ilegales. Nada se supo más tarde de esa propuesta, que hoy parece orientada justamente a lo contrario. De momento, Moncloa niega con rotundidad que vaya a permitir un referéndum pactado en Cataluña para contentar a ERC. Como hizo en el pasado ante otras cesiones al independentismo que terminaron convirtiéndose en realidad.

En los cuatro años que Sánchez lleva en la Moncloa, estas son las cinco grandes líneas rojas prometidas por el presidente que quedaron en papel mojado. Los cinco ‘noes’ al separatismo que terminaron siendo ‘síes’.

«Con Bildu no»

«Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces, o 20 veces durante la entrevista. Con Bildu no-vamos-a-pactar», recalcaba intensificando las pausas un molesto Pedro Sánchez en una entrevista a un medio navarro en 2015. La insistencia de la pregunta por parte del periodista irritó a un Sánchez que, sin embargo, escenificaría más tarde, en noviembre de 2020, su pacto con EH Bildu: Presupuestos Generales del Estado por presos de ETA.

Sánchez fue investido presidente esta legislatura con la abstención clave de los de Arnaldo Otegi, momento en el que PSOE y Bildu comenzaron a tejer su red de apoyos mutuos y cesiones. Del «con Bildu no vamos a pactar» a pactar con Bildu, por ejemplo, la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra.

Indultos

Nada más conocerse la sentencia del 1-O, que condenaba por sedición a los golpistas que llevaron adelante el procés cometiendo por el camino delitos de malversación, Sánchez fue contundente. El Gobierno «acata» la sentencia, dijo en una intervención desde Moncloa. Y acatar, precisó el presidente, significa «el cumplimiento íntegro» de las penas impuestas. Era octubre de 2019, con unas elecciones generales a la vista.

Menos de dos años después, toda España pudo ver en directo como los presos golpistas del 1-O abandonaban la cárcel y posaban sonrientes con sus esteladas. El Gobierno de Sánchez que había prometido el «cumplimiento íntegro» aprobaba ahora sus indultos, pese a contar con informes contrarios del Tribunal Supremo -el tribunal sentenciador-, la Fiscalía del Supremo y la Abogacía del Estado.

Sedición

El delito de sedición será historia cuando el Gobierno lleve adelante la votación para abolirlo en el Congreso de los Diputados. Cumple así otro compromiso con sus socios de ERC, especialmente con el condenado por sedición Oriol Junqueras. Sin embargo, el PSOE negó la mayor durante meses cuando le preguntaban por ello. Incluso cuando le preguntaban sus propios socios.

Podemos le preguntó al Gobierno, por escrito, si tenía previsto modificar la sedición. La respuesta del Ejecutivo fue concisa: todas las iniciativas de cambios legislativos previstos se encuentran incluidas en el Plan Normativo Anual del Gobierno. En ninguno de esos documentos figura la reforma, ni mucho menos abolición, de la sedición. Por tanto, el Gobierno asumía así que no se iba a tocar este delito.

Acercamientos

«Estamos por el cumplimiento de la legislación actual y no lo planteamos como ningún tipo de negociación: ni como reacción al comunicado de ETA ni en la negociación presupuestaria», aseguraba el PSOE en 2018 después de conocer la carta en la que ETA anunciaba su disolución. Los socialistas reclamaban que no hubiese «indulgencia» con los terroristas pese a su fin. Una indulgencia que relacionaban con acercamientos y beneficios. Era un mensaje al PP, que en aquel momento gobernaba y negociaba los Presupuestos con el PNV.

Una vez Sánchez llegó al poder, nombró a Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior. En agosto de 2018, Marlaska se reunía con las víctimas en el Ministerio, a petición de éstas, para calmar los ánimos ante los rumores de cambios en la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA. En aquel encuentro con la AVT, tal y como ha relatado OKDIARIO, Marlaska prometió que si había acercamientos serían puntuales, de terroristas sin delitos de sangre y siempre cumpliendo con los requisitos de colaboración con la justicia y arrepentimiento.

Han pasado más de 3 años de aquella promesa del Gobierno y la realidad es muy distinta: por exigencias de Bildu, tan sólo quedan fuera del País Vasco y Navarra 14 presos de ETA. Los acercamientos y terceros grados se cuentan por encima del centenar. Las competencias de prisiones se han transferido al Gobierno de Urkullu, que ahora es quien tiene la llave de esas celdas.

Puigdemont

«¿Y de quién depende la Fiscalía?». Aquella famosa frase de Sánchez, que escenificó su ansia por el control de instituciones del Estado, iba dirigida a una persona concreta: Carles Puigdemont. En plena campaña de las generales de 2019, Sánchez se erigió como el hombre que traería a rastras a España a Puigdemont para ser juzgado por los mismos delitos que sólo unas semanas antes había confirmado el Tribunal Supremo para aquellos golpistas que no huyeron en su momento.

En el debate electoral de aquel año, Sánchez le espetó al candidato del PP, Pablo Casado, que «a ustedes se les fugó Puigedemont». «Yo me comprometo, aquí y ahora, a traerle de vuelta a España», añadió.

En 2020, con Puigdemont retenido en una corte de justicia de Cerdeña, Sánchez insistió en que el ex presidente fugado «debe comparecer y someterse a la justicia». Ahora, en diciembre de 2022, con las reformas de la sedición y la malversación encima de la mesa, Puigdemont tiene cada vez más cerca su vuelta a España. Pero de forma voluntaria y con su expediente judicial impoluto tras 5 años a la fuga en Europa.